La hoja de ruta del Presupuesto 2027 ratifica el dogma libertario del equilibrio fiscal innegociable como norma rectora de la política económica. El proyecto y sus anexos fijan las metas económicas y detallan cómo se repartirán los recursos y bajo qué reglas funcionará el Estado durante un año que estará atravesado por las elecciones presidenciales.

La iniciativa establece por norma que la ejecución presupuestaria deberá presentar de forma obligatoria un resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el consolidado del Sector Público Nacional se proyecta un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que para la Administración Nacional el saldo positivo se estima en $246.741 millones.

Por otra parte, el cuadro de supuestos macroeconómicos proyecta una desaceleración de la inflación al 18% interanual para diciembre de 2027, acompañada por un crecimiento del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial fijado en $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio.

En tercer término, el marco financiero general fija el total de gastos corrientes y de capital en $202,1 billones ($202.101.432 millones), sustentado sobre un cálculo de recursos totales de $202,3 billones ($202.348.173 millones).

Los Servicios Sociales concentrarán el 74,7% del gasto de la Administración Nacional ($150,9 billones). Dentro de esta finalidad, la Seguridad Social absorberá el 58,9% del presupuesto global ($119,1 billones) para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones, destinándose asimismo $21,5 billones a políticas específicas de niñez y adolescencia (10,6% del gasto total).

Universidades, Administración Pública y Defensa

El crédito asignado para las universidades nacionales se fijó en $7,35 billones ($7.349.082 millones). La norma establece que Capital Humano podrá “interrumpir las transferencias de fondos a las casas de estudio que incumplan con el envío de información de gestión”, al tiempo que dispone aplicar los aumentos salariales sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026.

Además, se establece un estricto congelamiento de vacantes en la Administración Pública Nacional. Se prohíbe la cobertura de cargos existentes o futuros sin previa autorización fundada del Jefe de Gabinete, e imponiendo un límite máximo de 376.701 cargos y 366.265 horas cátedra para todo el sector público nacional.

Las partidas de Defensa Nacional y Seguridad Interior sumarán $9.533.386 millones. El esquema se articula con el Plan ARMA, que reinvierte el 10% de los ingresos por privatizaciones y el 70% de las ventas de activos militares en equipamiento, e incluye autorizaciones de endeudamiento para la adquisición de tres submarinos convencionales (USD 2.300 millones) y dos fragatas multimisión (USD 1.200 millones).

Obra pública, deuda e incentivos

La política de infraestructura consolida la baja o inicio de rescisión de 1.683 obras públicas sobre una cartera revisada de 2.339 proyectos. En paralelo, se dispone la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones privadas para su mantenimiento mediante cobro de peaje y sin subsidios estatales.

El programa financiero autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $72 billones e instrumentos de deuda de corto plazo por $15 billones. Asimismo, para el vencimiento de letras intransferibles en dólares en cartera del Banco Central, se establece el canje obligatorio del 100% del capital y del 60% de los intereses por nuevos títulos, abonándose en efectivo el 40% restante de los intereses.

El articulado fija cupos fiscales promocionales por más de $580.000 millones, encabezados por la Promoción de la Economía del Conocimiento con $400.000 millones, el Régimen de Autopartismo con $130.000 millones y el límite de $40.000 millones para la devolución de IVA en bienes de capital, además de asignaciones para crédito fiscal en capacitación laboral y biotecnología.