Juan Carlos Scalesi cuestionó el desguace del Estado, el deterioro de la administración pública y la precarización de los trabajadores. También marcó que esta gestión «le ha hecho mal a Viedma». Criticó la desregulación del IPROSS, el deterioro salarial, el endeudamiento familiar y el cálculo sobre la zona desfavorable y la antigüedad. Por esas razones se preguntó si Alberto Weretilneck quiere seguir siendo Gobernador.

El secretario General de la UPCN Río Negro, no esquivó el debate por la ley de disponibilidad, su relación con Carlos Soria, su afiliación al PJ y la CGT.

«Son anuncios vacíos» dijo sobre el proyecto que pretende dar libertad de acción a los trabajadores para eligir la obra social. En ese sentido, Scalesi vaticinó que «no se va a ir mucha gente del IPROSS» y puso en dudas el aporte del 7% que debe hacer el Estado. «Los trabajadores aportan», aseguró y dejó flotando uno de los motivos del desfinanciamiento del Instituto.

«Weretilneck se va a encontrar con la dificultad de que ninguna obra social ni prepaga va a querer agarrar a los trabajadores estatales por los sueldos magros que tenemos, menos a los jubilados», aseguró.

Sin embargo, en una extensa nota, el líder sindical prefirió centrar su mirada en el oficialismo: «yo lo veo muy triste a este Gobierno. Sale solo el Gobernador, no hay equipo. Weretilneck se hace la publicidad él solo, y eso tiene que ver con la posibilidad de perder la gobernación», reflexionó.

«Hace un par de años era difícil hablar mal del Gobierno, hoy es fácil», ejemplificó sobre la debilidad de Juntos. «La gente se anima a hablarnos y son los propios trabajadores los que marcan las falencias de gestión, los problemas edilicios, de seguridad e higiene, salariales… te pasan el dato», reveló. Esa práctica fue muy visible en el final del radicalismo.

Ante la convocatoria a la Mesa de la Función Pública, Scalesi subrayó que «el modelo (de actualización salarial) no sirve. El INDEC te marca lo pasó, el costo de vida del último mes y el salario es hacia adelante», indicó. Para colmo -cuestionó- los aumentos son trimestrales, lo que deteriora aún más el poder adquisitivo. «Perdimos casi un 30% desde diciembre de 2023», aseveró.

En ese cálculo de pérdida el jefe sindical explicó: «se acható la pirámide salarial, hay 600 mil pesos entre el sueldo inicial y el de más antigüedad. Se pagan muchas cifras en negro. Y el Gobierno se ahorra mucho dinero en dos ítems: la zona desfavorable y la antigüedad. Para la obra social te descuentan un porcentaje de la totalidad del sueldo, pero para pagar la zona y la antigüedad, te calculan desde el básico. Hoy, en la categoría que cobra 300.000 de zona, debería estar cobrando 900 mil pesos».

Por eso, indicó que «el Poder Ejecutivo está destrozado totalmente». «Hay veces que pienso si Weretilneck quiere seguir o no, porque de la forma que está…», dijo y puso en duda la continuidad. Y aseguró que «será difícil al ámbito de la administración pública ponerla al nivel que estaba hasta hace unos años, se ha venido muy abajo».

Scalesi reveló que el salario mínimo supera 1.100.000 y el máximo es de 1.800.000. Por eso, adelantó que «vamos a ir a la paritaria, pero alguna sorpresa se van a llevar».

El Secretario General advirtió sobre el endeudamiento de los trabajadores y el impacto en las familias. Contó los sistemas de contención que tiene el gremio en materia de alimentos y créditos blandos, pero admitió que «no alcanza. Esta situación no la vimos nunca, y lo salarios tan bajos, tampoco».

Frente a la cercanía política que el Gobierno exhibe con la CGT, Scalesi diferenció: «hace reuniones con una porción de la CGT. Acá (en la zona atlántica) hay dos secretarios generales: uno de la UOCRA y otro de UPCN», explicó y aseguró que la mayoría de los sindicatos que componen la central están -políticamente- en frente a Juntos. Y contó que se viene una reunión para aglutinar los gremios de la central obrera y «se va a determinar que la mayoría no esta con Weretilneck», aunque subrayó que la idea no es «romper» la CGT.

Entendió el respaldo de la UOCRA por el movimiento que generó el desarrollo energético, pero aseveró: «le han hecho mal a Viedma. Las grandes inversiones no derraman para acá. Sólo el edificio del IPROSS le dejan a la ciudad. Hubo un desguace de la administración pública: se llevaron Energía, Minería, Medioambiente… la caja se la llevaron». «Viedma ha sido destruida y perdió la autoridad política», denunció en un tiro por elevación al intendente Marcos Castro.

De lleno en la arena política, Scalesi expresó: «ojalá haya un proceso de unidad en el peronismo. Espero que la pelea por los cargos no lo afecten, se tienen que dar cuenta que si ganan hay cargos para todos». Y aunque consideró que los candidatos de la oposición (María Emilia Soria y Aníbal Tortoriello) «hacen bien» en no adelantar los tiempos políticos ya que todavía no hay fecha de elecciones, consideró que «el Gobernador es audaz y con el poder del Estado pudo retomar la iniciativa en la agenda pública».

«Soy justicialista y siempre voy a apoyar a los candidatos del peronismo» afirmó, pero aseguró: «no me voy a volver a afiliar». A nivel nacional consideró que más allá de Sergio Massa y Axel Kicillof, «pueden surgir otros candidatos» y señaló a Gerardo Zamora y Sergio Uñac.

Scalesi fue expulsado del peronismo por Carlos Soria con quien -contó- hizo las paces en Buenos Aires antes que el roquense asumiera la Gobernación, en una reunión que gestionó el secretario general de la UPCN nacional, Andrés Rodríguez. Después de eso, una vez asumido, lo convocó a la Casa de Gobierno por la ley de disponibilidad y le dijo: «quedate tranquilo ‘gringo’, tengo 12 personas en la mira y después la derogo». La ley tenía nombre y apellido ya que fue resultado de un pase a planta permanente donde concursaron algunos funcionarios del radicalismo, un tema vedado por norma.

Soria murió y la ley siguió vigente. «Weretilneck tardó seis meses en derogarla», se quejó Saclesi. «Después se armó una comisión para determinar cómo seguir y nosotros salvamos todos los puesto de trabajo por tener experiencia en la administración pública», aseguró. El gremio propuso regirse por el organigrama y «los que sobran, se van». «No había ningún organigrama, como no hay ahora» contó, pícaro, el jefe sindical.

Y aseguró que la ley de disponibilidad «no se aplicó nunca». Sin embargo, aseguró «se aplicó el año pasado, cuando echaron a 400 trabajadores. Algunos volvieron. Pero nadie dijo nada de eso». En consecuencia, marcó el deterioro del sector estatal y vaticinó que «el pase a planta no garantiza votos. En Viedma se van a llevar una sorpresa», auguró.